El pasado 20 de marzo, en representación de la Red de Abogados para la Defensa
Ambiental tuve oportunidad de comparecer ante la Comisión Constitucional
del Congreso de los Diputados para informar
sobre el Proyecto
de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Fue una experiencia muy interesante para conocer desde
dentro el proceso de razonamiento de las personas que forman parte del
subsistema político y conocer cómo enfocaban sus razonamientos a la hora de
valorar las alternativas discutidas en el proceso legislativo de esta
importante norma.
En cuanto a la propia norma estudiada, si ya es una avance
contar con esta Ley de acceso a la información
pública, no se puede ocultar también la preocupación porque determinada
regulación del Proyecto de Ley va a suponer a nuestro modesto entender una
menor protección del derecho subjetivo al acceso a la información,
en particular, en relación con el régimen de limitaciones al acceso y el
silencio negativo.
La ley de acceso a la información
(a la que se le ido añadiendo más cuestiones al calor de los acontecimiento
sociales) es una ley largamente esperada y, cuando se apruebe, se convertirá en
una norma clave para mejorar la calidad democrática de las instituciones y un
elemento que, sin duda, será un instrumento que podrá mejorar la cultura de
transparencia y legalidad, que nos es tan necesaria. Anteriormente ya se ha
tratado en este blog la importancia
del reconocimiento al acceso a los documentos públicos.
Esta
futura ley de Transparencia, acceso a la información
y buen gobierno se convertirá en una útil herramienta que junto, con el
fortalecimiento de la cultura de la legalidad puede fortalecer la confianza de
la sociedad con las instituciones públicas. Siendo esto cierto, también se
aprecian en el texto serias disfunciones en relación a la normativa ambiental
que puede suponer una regresión del derecho a la información
actualmente aplicable.
Sin embargo, frente a la mayor calidad técnica que proviene
del Convenio
de Aarhus y de las Directivas 2003/4/CE
y 2003/35/CE,
la regulación de la nueva ley y la declaración de supletoriedad que declara,
introduce disfunciones con respecto a la ya vigente.
En
conclusión, esta futura ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno se convertirá en una
útil herramienta que junto, con el fortalecimiento de la cultura de la
legalidad puede fortalecer la confianza de la sociedad con las instituciones
públicas. Siendo esto cierto, también se aprecian en el texto serias
disfunciones en relación a la normativa ambiental que puede suponer una
regresión del derecho a la información
actualmente aplicable.
Para concretar
los motivos véase texto
comparecencia
Texto de
la comparecencia
en el Diario de sesiones
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