Aprobadas nuevas restricciones económicas en procedimientos judiciales para la defensa de los intereses colectivos.

Las últimas modificaciones de las leyes por las que se rigen los procedimiento judiciales incorporan nuevas medidas que intentan agilizar la justicia incluyendo más barreras de carácter económico.

En el final de la legislatura, se ha aprobado la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal que modifica varias leyes sobre procedimientos judiciales para intentar hacer frente a la subida exponencial de la litigiosidad, especialmente en el orden civil.

Aunque algunas de estas medidas son bienvenidas por intentar simplificar los trámites, otras tienen mucho más calado porque suponen la limitación de poder acceder a la tutela judicial efectiva al imponer barreras económicas anteriormente inexistentes.

Las limitaciones que se introducen en el orden contencioso-administrativo, el ámbito en el que se revisan las actuaciones de las regulaciones y actuaciones de las diferentes administraciones va a suponer una traba más a la labor de denuncia de las ilegalidades cometidas por quien deber velar por el objetivo de los intereses generales.

Recomiendo la lectura de la nota de prensa de Ecologistas en Acción al respecto en la que se denuncian las graves repercusiones que tiene sobre la actuaciones de las organizaciones . Las modificaciones legislativas van a implicar una seria limitación al acceso a la justicia de asociaciones ecologistas que hasta el momento vienen defendiendo precariamente los intereses colectivos de la sociedad, poniendo de relieve las auténticas arbitrariedades de los poderes públicos.

Lejos de atajar las causas de la lentitud de la justicia, la ley 37/2011 refuerza una vez más las mordazas que se deben sufrir en la denuncia de la ilegalidad. Como se dice en la nota de prensa, “medidas como las adoptadas en esta Ley supondrán un nuevo paso en la gran brecha que se está abriendo entre las instituciones y la sociedad”.

 Nota de prensa Ecologistas en Acción.

Nuevas restricciones económicas para la defensa legal de los intereses ambientales y sociales

El Blog de Sevach: Aprobada definitivamente la Ley de Agilización Procesal

 http://contencioso.es/2011/09/23/aprobada-definitivamente-la-ley-de-agilizacion-procesal/

Entrevista [El País] Juez Miguel Ángel Torres

"Hace ahora tres años, el juez Miguel Ángel Torres concluyó el sumario del caso Malaya, una de las mayores redes de corrupción urbanística destapadas en España, que se tejió en torno al Ayuntamiento de Marbella. [...]



Pregunta. Algunos jueces de instrucción se lamentan de que les faltan medios para luchar contra la corrupción, pero ¿no se trata de un mal común en los países de nuestro entorno?



Respuesta. Sí, pero esa insuficiencia de medios es todavía más preocupante en España. Los delincuentes y sus organizaciones están en una situación de absoluta ventaja respecto a los medios del Estado. Hacen falta más medios, personales, materiales y normativos, porque en ocasiones el juez tiene la sensación de que le toca inventar el proceso con escasas herramientas. El Estado está claramente en desventaja para combatir la delincuencia organizada y esos grupos cada vez avanzan más.



P. ¿El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción?



R. Sin duda. Que se hagan de vez en cuando algunas operaciones no quiere decir que se esté combatiendo más la corrupción. Es que cada vez hay más casos y muchísimos de ellos no afloran.



P. ¿Qué debería hacerse para ganar la batalla?



R. Hacen falta juzgados especializados en corrupción y crimen organizado. Y unidades policiales que de verdad estén al servicio de jueces y fiscales. Más medios materiales y mayor respaldo a las actuaciones judiciales y policiales.



P. ¿Empezando quizás por la mayoría de los partidos políticos, que se lamentan cuando sus militantes son los investigados?



R. Sí. Todos los partidos se quejan y critican las decisiones judiciales si les toca a ellos. Y cuando hay cambio de Gobierno pasa lo contrario. En algunos casos los partidos pueden ser un problema si sus intereses no responden al interés democrático. Me parece que en España hay una superación de la democracia por la partitocracia y se hace más política de partido que de Estado. La justicia es un campo de lucha política y se debería respetar más a los jueces.



P. Las actuaciones de algunos jueces no ayudan a mejorar ese prestigio que reclama.



R. Puede ser. Los jueces tenemos una parte de culpa de lo que nos ocurre porque en muchos casos no hemos asumido nuestra posición constitucional e institucional. Lo que no puede ser es que todas las decisiones judiciales se analicen siempre intentando situar al juez en una u otra tendencia política.



P. ¿Cuando habla de cambios normativos quiere decir que no basta con reformar el Código Penal?



R. Exacto. Lo que no puede ser es que en España dure una década la instrucción de un caso. Debería ser más abreviada y que de verdad se debatieran las cuestiones en el juicio. Y es imprescindible una regulación de todos los instrumentos de investigación que limitan derechos fundamentales. Hablo de las intervenciones telefónicas, las entradas y registros, la recogida de las piezas e instrumentos de convicción. No puede ser que todo eso esté sin regular.



P. ¿Se siente representado por el Consejo General del Poder Judicial?



R. Una de las funciones del Consejo debería ser representar y defender a los jueces y yo no me siento ni representado ni defendido.



P. Cuando investigó el caso Malaya estando en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella se dijo de todo por determinadas decisiones que adoptó. ¿Cómo lo vivió?



R. Me sentí poco amparado. Tenía la sensación de que las decisiones que tomaba se veían desde un punto de vista político y podían gustar más o menos a un sector o a otro del Consejo."



Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Estado/perdiendo/batalla/corrupcion/elpepunac/20100714elpepinac_12/Tes

(14.07.2010)

Mordazas económicas a la defensa ambiental

A primeros de octubre, el Tribunal Supremo ratificó una condena en costas a los grupos ecologistas que se había querellado contra diferentes administraciones y empresarios por el nefasto estado del río Segura.
(http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2009/10/01/supremo-condena-ecologistas-denunciaron-contaminacion-segura/936441.html)

Por aquellas fechas, un compañero remitía la noticia de que la Junta de Castilla-León era partidaria de solicitar responsabilidad económica si las denuncias que se había presentado ante supuestas irregularidades de varias autorizaciones ambientales de varios parques eólicos en la provincia de León. (http://www.diariode leon.es/noticias /noticia. asp?pkid= 480898)

También recientemente ha entrado en vigor una modificación legislativa según la cual, para recurrir es necesario hacer un depósito para que se admita. (LO 1/2009, art. 1, ap. 19 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2009)

Estas dos noticias, sobre todo la primera, por tener mayor trascendencia jurídica, y el depósito para recurrir, nos debe hacer reflexionar sobre la difícil situación en el que las organizaciones ecologistas y ambientalistas y ciudadanía concienciada debe desarrollar su legítima crítica.

La sentencia nos obliga a reconsiderar la estrategia en los procesos penales, pero parte de un conflicto entre el concepto tradicional de acusación particular y el de acusación popular, amparada no en un interés espurio, sino en el de la actual concepción de un verdadero interés público defendido por grupos de ciudadanos organizados.

¿Hacia dónde nos aboca la generalización de cargas económicas para poder defender las agresiones medioambientales?. Recuérdese la fianza solicitada a los grupos ecologistas para suspender la construcción de la M-501, amparada una sentencia anulatoria de la construcción). Sin duda habrá un mayor esfuerzo para impedir que estas cuestiones procesales se conviertan en una mordaza que impida la crítica constructiva ante unas instituciones o políticas que a todos nos perjudica.