La ocupación del litoral. Informe Greenpeace "Destrucción a toda costa"

El litoral español es desgraciadamente un caso de estudio de primer orden para estudiar el mal funcionamiento de las instituciones y una prueba evidente de que el crecimiento no implica bienestar para la sociedad, ni que el libre desarrollo de los intereses particulares redunda en el interés general.

El litoral español, como pone de relieve Greenpeace en su último décimo informe “Destrucción a toda costa“ se encuentra altamente artificializado. “En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial. Esta presión es especialmente relevante en las playas del arco mediterráneo, donde casi un 60% de las mismas están en entornos ya urbanizados” (pág. 8)

Desde mi infancia, he ido comprobando cómo el litoral alicantino se ha ido hormigonando y ha ido convirtiéndose en una línea continua de edificaciones en primera línea del mar, internándose hacia el interior del territorio por otro mar, pero de mega y microurbanizaciones que se extienden a ambos lados de las numerosas carreteras que se han ido construyendo. Cómo no, urbanizaciones y carreteras han ido de la mano para dar servicio a la masificación puntal que se produce en julio y agosto, pero de escaso uso el resto del año.

El modelo urbanístico carece de racionalidad. “Entre 1990 y 2000 la población española aumentó un 5%, mientras la urbanización lo hacía un 25,4%” (págs. 8 y 9). “Si en 2002 la Generalitat valenciana protegía únicamente 65,5 kilómetros de su litoral (apenas el 15% de sus 437 kilómetros de costa) en 2009, con un 20,6% de su costa protegida en el papel, era la comunidad autónoma con mayor número de espacios naturales amenazados de todo el litoral español.” (pág. 55).

La mayor parte de los casos en la Comunidad valenciana tienen que ver con la recalificación por parte de ayuntamientos de terrenos no urbanizables en zonas construibles y, lo que resulta más llamativo en el ámbito alicantino aunque extrapolable a otros territorios, el crecimiento deslavazado al margen de una visión de conjunto. “La mayor parte de las nuevas viviendas han sido proyectadas a través de Planes de Actuación Integrada (PAI), creados como excepciones a los Planes Generales de Ordenación Urbana, que han pasado a ser la figura más destacada del urbanismo valenciano. En 2000 se habían tramitado ya 1.830 PAI. Justo antes de la celebración de las elecciones autonómicas de 2007, la Conselleria de Territorio daba luz verde a 200 Programas de Actuación Integrada.” (pág. 56).

¿Cómo es posible que incluso gran parte de la ciudadanía considere que el crecimiento es un fin en sí mismo y que el urbanismo continuado es beneficioso?. La conexión entre intereses políticos y económicos, sustentada por un discurso desarrolllista y adormecimiento de la sociedad parece ser parte de la respuesta. “La gran irresponsabilidad de los gobiernos no sólo estriba en haber negado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, lo que ha promovido la altísima corrupción política y forzado el monocultivo inmobiliario de este país. Sin, además, haber promovido otras actividades o industrias alternativas.” (pág. 7).

Tampoco nos podemos olvidar del marco jurídico que permite la actuación de los “agentes urbanizadores” a los que se les posibilita promover el desarrollo urbanístico de un ámbito sin ser propietarios de terrenos y pudiendo llegar a ser beneficiarios de las expropiaciones de los que sí lo son. Las malas prácticas que se esconden detrás de este entramado de intereses fue objeto de visita e inspección por parte del Parlamento Europeo ante numerosas quejas de ciudadanos europeos (Informe Lauken) y ha sido puesta de manifiesto por asociaciones (Abusos Urbanísticos No) y diferentes plumas conocedoras del territorio (MARTÍN MATEO, CREMADES RODEJA).

El informe de Greenpeace vuelve a poner de relieve la insostenibilidad del uso que estamos dando al litoral como comunidad social. Esperemos que la hoja de ruta que se propone en este informe en torno a cinco áreas (protección del medio ambiente; protección legal y real; hacia un turismo costero sostenible; terminar con la corrupción política; la educación, imprescindible) sea una realidad en breve.

Entrevista [El País] Juez Miguel Ángel Torres

"Hace ahora tres años, el juez Miguel Ángel Torres concluyó el sumario del caso Malaya, una de las mayores redes de corrupción urbanística destapadas en España, que se tejió en torno al Ayuntamiento de Marbella. [...]



Pregunta. Algunos jueces de instrucción se lamentan de que les faltan medios para luchar contra la corrupción, pero ¿no se trata de un mal común en los países de nuestro entorno?



Respuesta. Sí, pero esa insuficiencia de medios es todavía más preocupante en España. Los delincuentes y sus organizaciones están en una situación de absoluta ventaja respecto a los medios del Estado. Hacen falta más medios, personales, materiales y normativos, porque en ocasiones el juez tiene la sensación de que le toca inventar el proceso con escasas herramientas. El Estado está claramente en desventaja para combatir la delincuencia organizada y esos grupos cada vez avanzan más.



P. ¿El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción?



R. Sin duda. Que se hagan de vez en cuando algunas operaciones no quiere decir que se esté combatiendo más la corrupción. Es que cada vez hay más casos y muchísimos de ellos no afloran.



P. ¿Qué debería hacerse para ganar la batalla?



R. Hacen falta juzgados especializados en corrupción y crimen organizado. Y unidades policiales que de verdad estén al servicio de jueces y fiscales. Más medios materiales y mayor respaldo a las actuaciones judiciales y policiales.



P. ¿Empezando quizás por la mayoría de los partidos políticos, que se lamentan cuando sus militantes son los investigados?



R. Sí. Todos los partidos se quejan y critican las decisiones judiciales si les toca a ellos. Y cuando hay cambio de Gobierno pasa lo contrario. En algunos casos los partidos pueden ser un problema si sus intereses no responden al interés democrático. Me parece que en España hay una superación de la democracia por la partitocracia y se hace más política de partido que de Estado. La justicia es un campo de lucha política y se debería respetar más a los jueces.



P. Las actuaciones de algunos jueces no ayudan a mejorar ese prestigio que reclama.



R. Puede ser. Los jueces tenemos una parte de culpa de lo que nos ocurre porque en muchos casos no hemos asumido nuestra posición constitucional e institucional. Lo que no puede ser es que todas las decisiones judiciales se analicen siempre intentando situar al juez en una u otra tendencia política.



P. ¿Cuando habla de cambios normativos quiere decir que no basta con reformar el Código Penal?



R. Exacto. Lo que no puede ser es que en España dure una década la instrucción de un caso. Debería ser más abreviada y que de verdad se debatieran las cuestiones en el juicio. Y es imprescindible una regulación de todos los instrumentos de investigación que limitan derechos fundamentales. Hablo de las intervenciones telefónicas, las entradas y registros, la recogida de las piezas e instrumentos de convicción. No puede ser que todo eso esté sin regular.



P. ¿Se siente representado por el Consejo General del Poder Judicial?



R. Una de las funciones del Consejo debería ser representar y defender a los jueces y yo no me siento ni representado ni defendido.



P. Cuando investigó el caso Malaya estando en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella se dijo de todo por determinadas decisiones que adoptó. ¿Cómo lo vivió?



R. Me sentí poco amparado. Tenía la sensación de que las decisiones que tomaba se veían desde un punto de vista político y podían gustar más o menos a un sector o a otro del Consejo."



Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Estado/perdiendo/batalla/corrupcion/elpepunac/20100714elpepinac_12/Tes

(14.07.2010)