El
pasado julio, en el marco del curso Evaluación
ambiental y sostenibilidad, tuve oportunidad de poner en común con un
animoso grupo de profesionales el marco jurídico en el que se desenvuelve la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica. Gracias al coordinador del curso y amigo, pude
enmarcar estas herramientas medioambientales con unas reflexiones sobre el
funcionamiento de las instituciones políticas y jurídicas y cómo poder conectarlas con el sistema ecológico.
Las
sociedades complejas actuales están envueltas en situaciones que parecen desbordar
las capacidades de la administración y de las políticas públicas y se desarrollan
como wicked problems (problemas
malditos). En este tipo de situaciones y especialmente en conflictos
medioambientales es difícil establecer un marco común de entendimiento. Sin
embargo, como profesionales y, en cualquier caso, como ciudadanos, debemos tomar
decisiones y/o valorar las diferentes alternativas en discusión.
Especialmente ante el cambio global (pérdida de
diversidad biológica, cambio climático, contaminación, desertización y cambios
en la ocupación de usos del suelo) se propone replantear el concepto de
sociedades al margen de los ecosistemas. Es precisamente la comprensión de la
sociedad y del medioambiente como sistemas interrelacionados y en coevolución
el modelo a partir del cual puede aterrizarse ese concepto tan etéreo de la
sostenibilidad.
¿Tiene todo relación con la Constitución
española? El motivo de
incorporar observaciones relativas al análisis de las políticas públicas y los
principios de actuación contemplados en el ordenamiento jurídico, es un intento
de comprender cómo los profesionales se enfrentan a la aplicación de una normativa
en el conjunto de un sistema político y jurídico. No puede entenderse la Evaluación del Impacto
Ambiental sin analizar cómo se resuelven los conflictos entre el interés
general medioambiental o el igualmente interés general económico. Cómo se ponderan los intereses en conflicto,
es una cadena de decisiones que no se adoptan en el vacío sino en el seno de supuestas
democracias avanzadas y en un Estado social y democrático de derecho, cuadro
que define reglas y criterios de valoración definibles.
A pesar de los marcos mentales en conflicto y la
disparidad de valores, creencias y percepciones, se considera que existen unas
líneas definidas que resultaban relevantes para explicar la evaluación
ambiental en un contexto más amplio. La cultura política, la distribución de
poderes en el Estado y en el territorio y los principios sobre los que se
asienta el sistema jurídico van a ser condicionantes para analizar la forma de
ejecución y cumplimiento de la EIA
y la EAE. Las instituciones,
tanto las informales, que permean la
sociedad inconscientemente, como las formales, son mecanismos de regulación
social imprescindibles para afrontar la dinámica de los socioecosistemas.
Socioecosistemas, instituciones sociales,
organización política, toma de decisiones, definición del interés público…, son
algunos de los conceptos que intentan hilvanarse en esta primera presentación antes
de afrontar el estudio de la EAE
y la EIA, presentación que
estará disponible más adelante.
Archivo en Issuu: http://issuu.com/antonio_ruiz/docs/presentaci_n_instituciones
