Los obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas de daños ambientales en España

El pasado 9 de septiembre amablemente me invitaron al seminario sobre el acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales que organizó el Centre d´Estudis de Dret ambiental (CEDAT) en la Universitat Rovira i Virgili. Desgraciadamente no pude asistir en el último momento por un grave problema personal, aunque envié la intervención escrita sobre "Los obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas de daños ambientales en España".

Reflexiones acerca delos obstáculos existentes

La principal conclusión hilvanando las ideas de la intervenciones que el sistema judicial español adolece hoy día de serias disfunciones que redundan tanto en la creciente desafección de la sociedad civil de las instituciones formales, como en la desigual encarnación de lo que podríamos denominar justicia ambiental y de lo que en algún momento se ha caracterizado como estado ambiental, social y democrático de derecho.

La obligada definición de lo que es el derecho a un medioambiente adecuado ha desembocado, como en otros ámbitos sociales, a un maremágnum de normas que nos llevan a la incertidumbre. Por la propia cultura política el protagonismo de las instituciones públicas es fundamental para que el ejercicio del derecho sea efectivo. Sin embargo, nos encontramos con que las propias administraciones aprueban las normas y ejecutan los proyectos que afectan negativamente a esos intereses difusos.

En un Estado de Derecho debemos recurrir al poder judicial garante de la aplicación de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Estos instrumentos de tutela en manos de la sociedad civil pueden construir una democracia de calidad basada en la ciudadanía. Sin embargo, y como se intenta poner de manifiesto a lo largo de esta charla los obstáculos son numerosos, comenzando por el contexto general de la Justicia en España hasta el coste inicial de las tasas de acceso, que suponen una seria limitación al acceso a la justicia de individuos y asociaciones (u otra forma jurídica) y dejará muchas conductas sin denunciar judicialmente, con lo que ello puede afectar o debilitar la cultura de la legalidad. 

Como iniciaba la intervención, el análisis de los obstáculos en el acceso a la justicia en España permite hacer una severa valoración decómo nuestras instituciones formales no se encuentran adaptadas a los cambios globales ni locales y a la incertidumbre intrínseca de los sistemas socioecológicos en los que vivimos inmersos.

Como juristas, creo que debemos defender continuamente el imperio de la ley y la vigilancia en el ejercicio de las potestades públicas, pues a partir de ahí se puede ir construyendo una sociedad civil activa, fuerte y sana que pueda afrontar los riesgos tecnológicos y ambientales.

Enlace a intervención escrita

Cultura de la legalidad, buen gobierno y calidad democrática

¿Cómo es posible que puedan tomarse una decisión tan descabellada?. Esta es la pregunta que más frecuentemente de lo deseable nos hacemos los que escuchamos o soportamos proyectos que afectan a valores ambientales que consideramos socialmente beneficiosos. Hacen falta más leyes, suele ser muchas veces la solución, pero un buen diagnóstico no hará ver en la mayoría de los casos que la legislación existe y que la voluntad política es la variable que decanta la orientación de las decisiones.

En toda sociedad democrática la figura del político es imprescindible. Es político aquel que respaldado por la legitimidad que concede la elección de los votantes y el respaldo de sus decisiones legítimas, decide en última instancia ante intereses y valores en conflicto. El problema estriba realmente en su control que en definitiva está relacionado con la cultura de la legalidad que debe impregnar toda la sociedad democrática.

La Política (con mayúsculas) es el ámbito de lo público donde debemos exigir el contraste de los criterios con los que se toman las decisiones y debe ser el ámbito también (más allá del jurídico) en el que se controle a los políticos. Este planteamiento puede parecer utópico, pero es el que subyace en un Estado democrático. Es el profundizar en ese Estado democrático el que nos obligue a plantear mecanismos de control que vayan más allá del voto periódico porque esa responsabilidad que se nos ofrece cada 4 años no es suficiente, ni ofrece tampoco suficiente feedback al responsable político que le oriente en su labor. Todo esto tarea ardua cuando nos vemos desbordados de información contradictoria que cuesta contrastar.

En el principio de una mejor forma de control se encuentra la comprensión de el Estado social y democrático de Derecho no es un punto de llegada sino que debe mantenerse para que no se degraden sus instituciones. Lo que subyace a una determinada arquitectura institucional para controlar al poder, es la cultura de la legalidad y los valores de lo público, pues no es otra cosa la gestión de los intereses comunes lo que debe hacer la política.

Sin embargo, en toda sociedad de exacerbación del individualismo se crea un caldo de cultivo en el crece poco a poco la corrupción, cohecho, tráfico de influencias, en definitiva conductas atentatorias contra los intereses comunes. Como menciona VILLORIA en su libro sobre la corrupción (2006), el bajo desarrollo moral de una población explica la existencia de corrupción. El desarrollo moral implica el grado de adquisición por una persona de la capacidad de actuar siguiendo principios universales para tomar una decisión moral. Ese compromiso individual comienza con la ética de lo público.

Esas conductas que vamos poniendo en práctica desde pequeños es contrastada con los valores que realmente guían el círculo más cercano, que pueden coincidir o no con lo instituido con letras mayúsculas en los textos legales. Algo así nos puede estar sucediendo, la Constitución señala como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1 CE) y que la dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE). Es generalizado el escepticismo de que realmente estemos construyendo con estos mimbres y también es remarcable que en estos escasos años desde la democracia, hayamos perdido en gran parte ese valor de lo público.


Existe una interrelación entre lo que consideramos como Buen Gobierno, Cultura de la Legalidad y Calidad democrática, porque la desafección de la ciudadanía puede generar un mayor oscurantismo en la toma de decisiones que fomente una mayor arbitrariedad política.

Retomando nuevamente a VILLORIA (2010) , en una sociedad fuerte y con lazos interpersonales sólidos, la rendición de cuentas de gobierno es más eficaz y es visible la aplicación de las normas. El punto de partida podría ser el fortalecimiento del capital social. "La confianza generalizada es fundamental para la generación de solidaridad social, cuando la gente confía en general en los demás tiende a sentirse parte de un mismo proyecto y a ser más solidaria. Una sociedad civil con confianza interpersonal ayuda a construir mejores instituciones que, a su vez, producen un mejor gobierno, lo que a su vez produce mayor confianza en las propias instituciones y el propio gobierno. "

Por otro lado, "sólo hay garantías de un Estado de Derecho donde la aplicación de las leyes es pública, donde conocemos nuestros derechos y podemos exigirlos, donde el Gobierno se somete al escrutinio de los otros poderes y de los propios ciudadanos y asume las consecuencias de sus actos. Y sólo es posible la verdadera democracia donde el Gobierno se somete al juicio ciudadano, al tiempo que es controlado en el día a día por órganos competentes y una sociedad civil atenta e implicada."

Todo ello contribuye a una cultura de la legalidad. "Exige que las normas se cumplan, no basta con su existencia, y la forma de controlar el cumplimiento de la normas es asegurando la transparencia en la aplicación del derecho, lo que constituye normalmente un prerrequisito de la revisión judicial. Nuevamente, transparencia, participación ciudadana y control social son imprescindibles para evitar degradaciones."

Probablemente en la mayoría de los problemas que nos afectan sea difícil encontrar ámbitos de consenso, pero un marco institucional que se encuentre inmerso en la cultura de la legalidad pueda ser un instrumento de liderazgo para afrontar los problemas a los que todo grupo humano se enfrenta.