El pasado 25 ha finalizado el periodo de información pública en el procedimiento de
elaboración del Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental. Al margen de las cuestiones de detalle,
me llaman la atención dos aspectos de este proceso que dicen mucho sobre cómo
entendemos en España la evaluación ambiental: la mejora de los instrumentos
utilizando una sola pieza del sistema (modificación de la norma
jurídica, recortando plazos) y el olvido del papel de la información
científica que sirve de base a la evaluación
de impacto ambiental (EIA) y evaluación
ambiental estratégica (EAE). ¿Necesitamos
dignificar la función de la evaluación ambiental?
Dignificación de la evaluación ambiental
El anteproyecto incluye numerosas modificaciones, como la unificación de la regulación de la evaluación
de impacto ambiental y la evaluación
ambiental estratégica y, por supuesto, un acortamiento de los plazos del
procedimiento. Salvo cuestiones puntuales relacionadas que afectan a la
participación, la propuesta de normativa es muy aceptable y puede suponer, si
se resuelven cuestiones de redacción y de técnica normativa, una regulación que
ayude a resolver problemas más que a crearlos. Sin embargo, el interés
declarado es evitar demoras en los plazos y que la evaluación ambiental no
suponga una traba en la actividades de los promotores, aspectos que van más
allá de modificar únicamente la legislación existente.
Todos
los esfuerzos por mejorar la normativa y para mejorar su aplicación deben ser
bienvenidos. Las evaluaciones ambientales han sido una de las mejores
oportunidades para introducir variables ambientales en la valoración de los
intereses generales que debe hacer la administración.
No
obstante, a veces se tiene la percepción de que para los
responsables políticos y otros operadores las evaluaciones ambientales suponen
una obligación formal y una traba en la ejecución de proyectos, más que una
oportunidad de incluir información
que permita tomar mejores decisiones que permitan evitar, eliminar, minimizar
y, en su caso, compensar de forma efectiva los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Debería
dignificarse el papel de estas evaluaciones como un mecanismo en el que se
aporta información científica
relevante y un procedimiento que mejora tanto la transparencia y participación,
como la mejor calidad de las decisiones administrativas
¿Mejora de las evaluaciones ambientales
a través del BOE?
Se
echa en falta en esta reforma a fondo un diagnóstico integral sobre la
incidencia real de las EIA y EAE y cuáles son realmente sus problemas. El
esfuerzo que se llevó a cabo en el Plan
Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, no preveía para la
mejora de la calidad de las evaluaciones ambientales la modificación
legislativa, sino otras muchas cuestiones relacionadas en el objetivo 3.15
sobre aplicación eficaz de los procedimientos de evaluación ambiental.
Sería
recomendable reforzar prioritariamente la actuación del Ministerio en la
identificación de las carencias del sistema de evaluación ambiental y la
aplicación efectiva de la legislación existente, en vez de centrarse en la mera
modificación legislativa del contenido, más simbólica y electoral que efectiva.
La
mejora de estos instrumentos parece que es la rebaja de los plazos de
tramitación de las diferentes etapas, pero esto unido al efecto de los recortes
presupuestarios y la subcontratación o contratación de asistencias técnicas o
servicios a empresas externas, puede suponer una gran merma de la calidad de
las DIA (declaraciones de impacto ambiental) y del seguimiento ambiental.
La
falta de transparencia de la subcontratación y de las empresas que realizan
funciones externas también puede situarnos ante supuestos de conflictos de
intereses que hasta el momento no se han abordado a nivel legislativo.
Información e investigación científica
Como
instrumento que se basa en primera instancia en información
científica de calidad, se echa de menos la oportunidad de incluir entre los
principios del artículo 2 la importancia de la información
científica. No resuelve problemas pero ayuda a tomar decisiones de calidad y
fortalece la motivación de las decisiones.
Por
otro lado, ¿de qué forma se ha acometido la mejora de la EIA y EAE mejorando
los programas para fortalecer la ciencia de base y la investigación científica
aplicada al mejor conocimiento de los ecosistemas españoles y su interacción
con las actividades humanas? Se propone, por tanto, que desde el Ministerio se
definan prioridades en investigación científica que puedan servir para reforzar
la toma de decisiones por parte de las diferentes administraciones, y se
comuniquen al Ministerio competente para que puedan ser tenidas en
consideración.
También
sería muy oportuna la inclusión en el artículo 2 del principio "science-based decision" o de que las
decisiones sobre evaluación ambiental incorporen base científica y la
"utilización de los mejores conocimientos científicos en la materia".
Y
a vosotros, ¿qué os parecen las líneas maestras del anteproyecto?
