Nueva condena de la ONU a España por vulnerar el derecho de acceso a información ambiental en Extremadura

El Comité de incumplimiento encargado de la vigilancia del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental, ha declarado una vez más el incumplimiento de España con acceso a recibir información.


La queja deriva de la intención de la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo de consultar el Estudio de Impacto Ambiental de una refinería de petróleo proyectada en la zona.

El asunto desgraciadamente es un ejemplo más de la deficiencia de las instituciones que tendrían que velar por el interés general y el cumplimiento efectivo de los derechos de los ciudadanos. En este caso los interesados sufrieron el incumplimiento reiterado de las obligaciones que establece el Convenio de Aarhus, entre ellas, las de asegurar el acceso durante suficiente tiempo al tratarse de proyectos complejos, excluir a pequeñas ONGs de ayuda legal para recurrir judicialmente y, en este supuesto, la de sufrir el acoso e insulto del Alcalde de Almendralejo en los medios de Comunicación.


Las conclusiones del Comité están disponibles en la web de la convención: http://unece.org/env/pp/compliance/C2009-36/Correspondence/12July/C36_Findings_12July2010.pdf


Más información. http://www.interviu.es/reportajes/articulos/la-onu-condena-a-espana-por-acoso

La ONU condena a España por la opacidad ambiental

La ONU ha condenado el incumplimiento español del Convenio de Aarhus, que regula la transparencia ambiental. En un informe pionero, aunque no vinculante, da la razón a la Asociación para la Justicia Ambiental y considera que en España se incumplen las normas internacionales de acceso a los expedientes ambientales.

La asociación denunció que un Ayuntamiento, el de Murcia, obligaba a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan -de 600 páginas- para construir una urbanización. Además, los periodos de alegaciones cayeron en verano y navidad. Así, los vecinos que se oponían sufrieron trabas para alegar contra dicho plan urbano.

Este es un caso extremo, pero estas trabas son frecuentes en expedientes ambientales pese a que, por ley, son públicos. "No es sólo un problema local de urbanismo poco transparente sino de democracia ambiental", dice Eduardo Salazar el abogado que llevó el caso.

El acceso a la información es clave en cualquier democracia avanzada, ya que permite un mejor conocimiento de los asuntos públicos. ¿Qué se puede decir de la calidad democrática en España cuando instituciones como la ONU discrepa de la buena situación del acceso a la información de los ciudadanos?. El supuesto del que se hace eco El País, es más frecuente de lo que pensamos. Esperemos que declaraciones como la de la ONU hagan que estás malas prácticas para poner trabas a la información que soliciten los ciudadanos vayan desapariciendo.


Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ONU/condena/Espana/opacidad/ambiental/elpepisoc/20100309elpepisoc_9/Tes
09/03/2010