¿se necesita una legislación sobre conservación del patrimonio geológico?

Hace unos días se planteo en un foro si hacía realmente falta una egislación expresa para el patrimonio geológico, cuando estamos viendo que la de patrimonio natural ni se cumple ni se hace cumplir, no se transpone adecuadamente a las CCAA, o se torea convenientemente "por el interés general". Es una cuestión que me hago a menudo en el enfoque de conservación de la naturaleza y, tal vez, por deformación profesional hasta vería que el enunciado no es del todo correcto.

De entrada si se quiere tener herramientas para incidir en la actuación de las administraciones y en las conductas de la ciudadanía, la respuesta, indudablemente es sí. No sólo porque sólo porque la administración sólo puede hacer aquello que legalmente le es permitido y es el único instrumento que permite exigir su cumplimiento. Además, la legislación es también una herramienta de comunicación (a veces bastante roma, lo reconozco), pero permite la jeraquización de prioridades entre todos los grupos sociales heterogéneos. El simple hecho de que se mencionara el “patrimonio geológico” y la “custodia del territorio” ha generado un aluvión de publicaciones, seminarios y expectativas que no hubieran prosperado de no haberse incluido.

En cuanto a si la legislación no se cumple, no se si no se cumple la legislación o es que hay casos en los que no se cumple?. El matiz es bien distinto. Como abogado ecologista veo casos frecuentemente en que judicialmente se está respaldando el cumplimiento de la ley (lenta, con lagunas en algunos aspectos y con mucho coste de los implicados, pero esto es otra batalla).

En todos los casos en los que se falla a favor de proteger los valores naturales, necesariamente tiene que existir una ley que no se cumple, una administración que infringe activa o pasivamente sus obligaciones (sea la causa de origen de unitiva pública o privada), alguien que recurre en base a la ley infringida la actuación administrativa y la administración de justicia que sólo puede valorar si se ha incumplido la legislación. Por tanto, en un Estado de Derecho sólo a través de la ley podemos proteger aquellos bienes que la sociedad considera más valiosos.

Si no existe más cumplimiento de la legislación (hablaríamos más de grado de cumplimiento que de si se cumple o no), probablemente sea por la falta de concienciación de la ciudadanía. Al margen de la corrupción, los políticos suelen hacer aquello que les permite más votos y las preocupación de la gente no son, ni la geodiversidad, ni la defensa del patrimonio natural.

El verdadero problema de la ley es que no existe una verdadera cultura de la legalidad (muy relacionada con la calidad democrática). Si la administración infractora (léase decisor político), antes de realizar la ilegalidad valorase las repercusiones negativas que pudieran derivarle, seguramente se evitarían muchas lamentaciones.

Hasta que ese día llegue, las Administraciones que hacen bien las cosas y las organizaciones que defienden los intereses comunes necesitan de las mejores herramientas legales que refuercen las conductas positivas hacia los objetos de conservación.