A primeros de octubre, el Tribunal Supremo ratificó una condena en costas a los grupos ecologistas que se había querellado contra diferentes administraciones y empresarios por el nefasto estado del río Segura.
(http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2009/10/01/supremo-condena-ecologistas-denunciaron-contaminacion-segura/936441.html)
Por aquellas fechas, un compañero remitía la noticia de que la Junta de Castilla-León era partidaria de solicitar responsabilidad económica si las denuncias que se había presentado ante supuestas irregularidades de varias autorizaciones ambientales de varios parques eólicos en la provincia de León. (http://www.diariode leon.es/noticias /noticia. asp?pkid= 480898)
También recientemente ha entrado en vigor una modificación legislativa según la cual, para recurrir es necesario hacer un depósito para que se admita. (LO 1/2009, art. 1, ap. 19 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2009)
Estas dos noticias, sobre todo la primera, por tener mayor trascendencia jurídica, y el depósito para recurrir, nos debe hacer reflexionar sobre la difícil situación en el que las organizaciones ecologistas y ambientalistas y ciudadanía concienciada debe desarrollar su legítima crítica.
La sentencia nos obliga a reconsiderar la estrategia en los procesos penales, pero parte de un conflicto entre el concepto tradicional de acusación particular y el de acusación popular, amparada no en un interés espurio, sino en el de la actual concepción de un verdadero interés público defendido por grupos de ciudadanos organizados.
¿Hacia dónde nos aboca la generalización de cargas económicas para poder defender las agresiones medioambientales?. Recuérdese la fianza solicitada a los grupos ecologistas para suspender la construcción de la M-501, amparada una sentencia anulatoria de la construcción). Sin duda habrá un mayor esfuerzo para impedir que estas cuestiones procesales se conviertan en una mordaza que impida la crítica constructiva ante unas instituciones o políticas que a todos nos perjudica.
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