martes, 23 de julio de 2013

Mecenazgo y custodia del territorio.



Artículo publicado en "El periódico de las Fundaciones" número 62, julio /agosto 2013

Custodia del territorio: Responsabilidad compartida entre propietarios y entidades no lucrativas.


La modificación de la Ley de mecenazgo suscita gran interés por la gran oportunidad que representa para aprovechar la experiencia de las entidades no lucrativas que trabajan para la conservación de la naturaleza. Se observa con preocupación que la actual regulación del mecenazgo no se adapta a los nuevos instrumentos que permiten una mayor implicación de la sociedad en la conservación del Patrimonio Natural.

La custodia del territorio (cdt), como se ha explicado en otras partes de este número, se plasma en acuerdos voluntarios, esencialmente de derecho civil, entre propietarios y gestores de terrenos y entidades de custodia del territorio (ecdt) con la finalidad de mantener o recuperar valores naturales, culturales y paisajísticos. En definitiva, la cdt es una estrategia que intenta generar responsabilidades entre propietarios y usuarios basada en la iniciativa de la sociedad civil y en el consentimiento y acuerdo con propietarios y usuarios.

Actualmente, se pueden aplicar determinados incentivos fiscales ya previstos en el ordenamiento jurídico: las ecdt como asociaciones y fundaciones están sometidas al régimen fiscal del Tercer sector; los propietarios pueden acudir a bonificaciones y exenciones en varios tributos; los particulares y empresas, pueden acogerse a los beneficios de donaciones y aportaciones de capital desinteresadas propiamente relacionadas con el mecenazgo (BARREIRA et alt. 2010). No obstante, ni cuantitativa ni cualitativamente los beneficios fiscales vigentes se ajustan a las características de la dinámica de los acuerdos de custodia del territorio, ni suponen tampoco un incentivo real para potenciar el mecenazgo ambiental.

Insuficiencia e inadecuación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

El mecenazgo y la Ley 49/2002 están vinculados tradicionalmente al ámbito cultural, pero es preciso comprender que la actuación del Tercer Sector va más allá, y se extiende también al ámbito de acción social, científico o medioambiental. La regulación de la Ley 49/2002 no refleja la fortaleza que, cada vez más, tiene la presencia de la sociedad civil organizada en todos los ámbitos de la ciudadanía.

La nueva Ley del mecenazgo debería explicitar y no dejar dudas sobre la extensión del mecenazgo al ámbito medioambiental, compatible con el social y cultural porque la protección de los ecosistemas, del paisaje o del patrimonio cultural son una necesidad de interés público de la cual dependen también el desarrollo de las personas y su bienestar social.

La Ley 49/2002 ha tenido un efecto más restringido del pretendido y no se ajusta a la realidad actual que exige un modelo más definido de mecenazgo, en el que se incluya un nuevo régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos adaptado a las necesidades (donaciones de servicios, fondos indisponibles  o "endowments", micromecenazgo, deducciones integrables en periodos posteriores,...).

Hacia un modelo de mecenazgo que apoye la custodia del territorio.

Por otro lado la carencia de beneficios fiscales adecuados es patente en lo que se refiere a los nuevos mecanismos de participación de la sociedad en la conservación, como es la propia custodia del territorio. No existen actualmente incentivos fiscales específicos para las entidades o propietarios con acuerdos de custodia, en parte debido al reconocimiento relativamente reciente del concepto de cdt y de las ecdt del territorio, pero necesitados ya de un impulso tras su consolidación como instrumento de conservación. BARREIRA et al. (2010) y el FRECT (2011) han explorado propuestas de mejora en la fiscalidad de la cdt a las que nos remitimos.

Esta mejora en la fiscalidad no está exenta de contrapartidas. Las edc están trabajando en aspectos clave que permitirán una mejora en la transparencia y rendición de cuentas que permita mantener la confianza y seguridad de la sociedad en esta herramienta. Queda pendiente la definición de buenas prácticas en las ecdt, elaboración de protocolos de seguimiento y evaluación de los acuerdos y, en definitiva, sobre cómo construir cada vez mejores proyectos de eficacia y calidad contrastadas (PIETX, J. y SÁNCHEZ, 2012).

La custodia del territorio es un marco de trabajo que permite complementar la actividad del sector público y compartir la responsabilidad de conservar nuestro entorno con otros actores próximos al territorio según fórmulas de colaboración innovadoras. Un modelo de mecenazgo coherente y completo potenciaría, a nuestro juicio, la cdt como un instrumento para mejorar la gobernanza territorial y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Bibliografía citada:

- BARREIRA, A. (coord.), et al. (2010). "Estudio jurídico sobre la custodia del territorio". Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad,

- FRECT. FORO DE REDES Y ENTIDADES DE CUSTODIA DEL TERRITORIO, (2011) "Prospectiva de futuro de la custodia del territorio en el contexto de la gobernanza territorial en España". Disponible en  la sección Documentos de http://frect.blogspot.com.es/

- PIETX, J. y SÁNCHEZ, A. (2012) "La participación de la custodia del territorio en los sistemas de bancos de hábitats. Primeras reflexiones" Ecosostenible nº 18. Disponible en  la sección Documentos de http://frect.blogspot.com.es/

jueves, 30 de mayo de 2013

Impresiones del nuevo Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental

El pasado 25 ha finalizado el periodo de información pública en el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental. Al margen de las cuestiones de detalle, me llaman la atención dos aspectos de este proceso que dicen mucho sobre cómo entendemos en España la evaluación ambiental: la mejora de los instrumentos utilizando una sola pieza del sistema (modificación de la norma jurídica, recortando plazos) y el olvido del papel de la información científica que sirve de base a la evaluación de impacto ambiental (EIA) y evaluación ambiental estratégica (EAE). ¿Necesitamos dignificar la función de la evaluación ambiental?



Dignificación de la evaluación ambiental



El anteproyecto incluye numerosas modificaciones, como la unificación de la regulación de la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica y, por supuesto, un acortamiento de los plazos del procedimiento. Salvo cuestiones puntuales relacionadas que afectan a la participación, la propuesta de normativa es muy aceptable y puede suponer, si se resuelven cuestiones de redacción y de técnica normativa, una regulación que ayude a resolver problemas más que a crearlos. Sin embargo, el interés declarado es evitar demoras en los plazos y que la evaluación ambiental no suponga una traba en la actividades de los promotores, aspectos que van más allá de modificar únicamente la legislación existente.



Todos los esfuerzos por mejorar la normativa y para mejorar su aplicación deben ser bienvenidos. Las evaluaciones ambientales han sido una de las mejores oportunidades para introducir variables ambientales en la valoración de los intereses generales que debe hacer la administración.



No obstante, a veces se tiene la percepción de que para los responsables políticos y otros operadores las evaluaciones ambientales suponen una obligación formal y una traba en la ejecución de proyectos, más que una oportunidad de incluir información que permita tomar mejores decisiones que permitan evitar, eliminar, minimizar y, en su caso, compensar de forma efectiva los efectos adversos sobre el medio ambiente.



Debería dignificarse el papel de estas evaluaciones como un mecanismo en el que se aporta información científica relevante y un procedimiento que mejora tanto la transparencia y participación, como la mejor calidad de las decisiones administrativas



¿Mejora de las evaluaciones ambientales a través del BOE?



Se echa en falta en esta reforma a fondo un diagnóstico integral sobre la incidencia real de las EIA y EAE y cuáles son realmente sus problemas. El esfuerzo que se llevó a cabo en el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, no preveía para la mejora de la calidad de las evaluaciones ambientales la modificación legislativa, sino otras muchas cuestiones relacionadas en el objetivo 3.15 sobre aplicación eficaz de los procedimientos de evaluación ambiental.



Sería recomendable reforzar prioritariamente la actuación del Ministerio en la identificación de las carencias del sistema de evaluación ambiental y la aplicación efectiva de la legislación existente, en vez de centrarse en la mera modificación legislativa del contenido, más simbólica y electoral que efectiva.



La mejora de estos instrumentos parece que es la rebaja de los plazos de tramitación de las diferentes etapas, pero esto unido al efecto de los recortes presupuestarios y la subcontratación o contratación de asistencias técnicas o servicios a empresas externas, puede suponer una gran merma de la calidad de las DIA (declaraciones de impacto ambiental) y del seguimiento ambiental.



La falta de transparencia de la subcontratación y de las empresas que realizan funciones externas también puede situarnos ante supuestos de conflictos de intereses que hasta el momento no se han abordado a nivel legislativo.



Información e investigación científica



Como instrumento que se basa en primera instancia en información científica de calidad, se echa de menos la oportunidad de incluir entre los principios del artículo 2 la importancia de la información científica. No resuelve problemas pero ayuda a tomar decisiones de calidad y fortalece la motivación de las decisiones.



Por otro lado, ¿de qué forma se ha acometido la mejora de la EIA y EAE mejorando los programas para fortalecer la ciencia de base y la investigación científica aplicada al mejor conocimiento de los ecosistemas españoles y su interacción con las actividades humanas? Se propone, por tanto, que desde el Ministerio se definan prioridades en investigación científica que puedan servir para reforzar la toma de decisiones por parte de las diferentes administraciones, y se comuniquen al Ministerio competente para que puedan ser tenidas en consideración.



También sería muy oportuna la inclusión en el artículo 2 del principio "science-based decision" o de que las decisiones sobre evaluación ambiental incorporen base científica y la "utilización de los mejores conocimientos científicos en la materia".



Y a vosotros, ¿qué os parecen las líneas maestras del anteproyecto?