La ONU ha condenado el incumplimiento español del Convenio de Aarhus, que regula la transparencia ambiental. En un informe pionero, aunque no vinculante, da la razón a la Asociación para la Justicia Ambiental y considera que en España se incumplen las normas internacionales de acceso a los expedientes ambientales.
La asociación denunció que un Ayuntamiento, el de Murcia, obligaba a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan -de 600 páginas- para construir una urbanización. Además, los periodos de alegaciones cayeron en verano y navidad. Así, los vecinos que se oponían sufrieron trabas para alegar contra dicho plan urbano.
Este es un caso extremo, pero estas trabas son frecuentes en expedientes ambientales pese a que, por ley, son públicos. "No es sólo un problema local de urbanismo poco transparente sino de democracia ambiental", dice Eduardo Salazar el abogado que llevó el caso.
El acceso a la información es clave en cualquier democracia avanzada, ya que permite un mejor conocimiento de los asuntos públicos. ¿Qué se puede decir de la calidad democrática en España cuando instituciones como la ONU discrepa de la buena situación del acceso a la información de los ciudadanos?. El supuesto del que se hace eco El País, es más frecuente de lo que pensamos. Esperemos que declaraciones como la de la ONU hagan que estás malas prácticas para poner trabas a la información que soliciten los ciudadanos vayan desapariciendo.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ONU/condena/Espana/opacidad/ambiental/elpepisoc/20100309elpepisoc_9/Tes
09/03/2010
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