El pasado 9 de septiembre amablemente me invitaron al seminario sobre el acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales que organizó el Centre d´Estudis de Dret ambiental (CEDAT) en la Universitat Rovira i Virgili. Desgraciadamente no pude asistir en el último momento por un grave problema personal, aunque envié la intervención escrita sobre "Los obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas de daños ambientales en España".
Reflexiones acerca delos obstáculos existentes
La principal conclusión hilvanando las ideas de la intervenciones que el sistema judicial español adolece hoy día de serias disfunciones que redundan tanto en la creciente desafección de la sociedad civil de las instituciones formales, como en la desigual encarnación de lo que podríamos denominar justicia ambiental y de lo que en algún momento se ha caracterizado como estado ambiental, social y democrático de derecho.
La obligada definición de lo que es el derecho a un medioambiente adecuado ha desembocado, como en otros ámbitos sociales, a un maremágnum de normas que nos llevan a la incertidumbre. Por la propia cultura política el protagonismo de las instituciones públicas es fundamental para que el ejercicio del derecho sea efectivo. Sin embargo, nos encontramos con que las propias administraciones aprueban las normas y ejecutan los proyectos que afectan negativamente a esos intereses difusos.
En un Estado de Derecho debemos recurrir al poder judicial garante de la aplicación de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Estos instrumentos de tutela en manos de la sociedad civil pueden construir una democracia de calidad basada en la ciudadanía. Sin embargo, y como se intenta poner de manifiesto a lo largo de esta charla los obstáculos son numerosos, comenzando por el contexto general de la Justicia en España hasta el coste inicial de las tasas de acceso, que suponen una seria limitación al acceso a la justicia de individuos y asociaciones (u otra forma jurídica) y dejará muchas conductas sin denunciar judicialmente, con lo que ello puede afectar o debilitar la cultura de la legalidad.
Como iniciaba la intervención, el análisis de los obstáculos en el acceso a la justicia en España permite hacer una severa valoración decómo nuestras instituciones formales no se encuentran adaptadas a los cambios globales ni locales y a la incertidumbre intrínseca de los sistemas socioecológicos en los que vivimos inmersos.
Como juristas, creo que debemos defender continuamente el imperio de la ley y la vigilancia en el ejercicio de las potestades públicas, pues a partir de ahí se puede ir construyendo una sociedad civil activa, fuerte y sana que pueda afrontar los riesgos tecnológicos y ambientales.
